Un paso atrás

#Opinión
Tozoonpolitikon

La evolución de los procesos electorales en México ha sido a cuenta gotas. Durante todo el periodo del partido hegemónico el sistema electoral estuvo controlado por la dupla Gobierno-PRI. No fue sino hasta finales de la década de los ochenta cuando se empezó un proceso para transparentar las elecciones pero de manera muy somera. El fraude en las elecciones de 1988 mostró que el sistema electoral necesitaba ser vigilado por actores ajenos al gobierno. Es de recordar que así nace el IFE, donde el Secretario de Gobernación era el Presidente de este órgano encargado de realizar, vigilar y contabilizar los votos de las urnas. La evidencia palpable de ello fue que en las elecciones de ese año se “cayó el sistema” que controlaba el mismo gobierno al ver las tendencias que en aquella elección favorecían al candidato del frente opositor Cuauhtémoc Cárdenas, por encima del candidato del PRI, Carlos Salinas de Gortari.

A partir de esa fecha, las elecciones han sido vigiladas por actores que poco a poco han tenido presencia en todo el país. Desde organizaciones de la sociedad civil, partidos políticos y el mismo órgano encargado de las elecciones, que pasó de ser una extensión del gobierno a un órgano autónomo primero como IFE (ahora INE), se han propuesto vigilar la preparación, desarrollo y conclusión de la jornada electoral. Fue por ello que se establecieron conteos rápidos, encuestas de salida, el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), entre otros, que si buen no emiten los resultados oficiales, sí presentan las tendencias que se van presentando en los conteos de votos el mismo día de los comicios; aunado a ello, organismos civiles como Consulta Mitofsky, Parametría, entre otras, levantan sus propias encuestas antes y durante la jornada electoral con lo que se busca tener un procesos transparente y confiable.

Esta vigilancia de las elecciones es un proceso que no tiene marcha atrás. Y de alguna manera es positivo que existan estos resultados “a botepronto”, pues lo que se busca es crear certidumbre electoral. Sin embargo, una vez que los comicios se volvieron competitivos –recuérdese que antes sólo había simulacros electorales- los partidos comenzaron a cuestionar la confiabilidad del árbitro electoral. Eso lo acabamos de ver en las elecciones del pasado 4 de junio. Ese domingo por la noche todos los candidatos y presidentes de partido se declararon ganadores. En el Estado de México los candidatos de Morena y del PRI se dijeron vencedores de la contienda porque el PREP daba un margen muy estrecho entre primero y segundo lugar; mientras que en Coahuila el PAN y su candidato, así como el PRI y su dirigencia, se dijeron ganadores de la contienda a gobernador.

Frente a la insatisfacción por los resultados, los partidos políticos perdedores argumentan mal conteo de votos, piden revisión de casillas y el ya muy famosos “voto por voto, casilla por casilla” que tanto hacer recordar la elección de 2006. Asimismo, argumentan que si no se revisa la elección presentarán sus quejas ante instancias jurisdiccionales como el Tribunal Electoral estatal o del Poder Judicial de la Federación.

Es importante señalar que todavía siguen existiendo mecanismos de compra y coacción del voto que van desde entrega de despensas y de material para construcción, acarreo de votantes, o entrega de dinero, entre otros, que realizan todos los partido sin excepción. No se puede negar que esas son prácticas del viejo régimen que siguen existiendo ya no solo en el otrora partido oficial sino en todos.

No obstante que se ha buscado que los procesos electorales sean confiables y transparentes, que produzcan certidumbre, y como consecuencia gobernabilidad, tanto actores políticos como sociedad seguimos poniendo en duda el proceso como los resultados de las elecciones. Pareciera que ha servido de muy poco el avance en materia de vigilancia pues diversos actores se muestran inconformes. Prácticamente todos los comicios terminan en impugnaciones, revisiones de casilla, reconteo de votos, etc. Es por ello que, como algunos especialistas lo han señalado, estamos entrando en un proceso de “judicialización” de los procesos electorales.

Visto desde esta perspectiva, hemos dado un paso atrás en el intento de consolidar la democracia. Si años atrás se presumía de haber hecho reformas electorales que permitieron la pluralidad y la competencia, hoy en día esas reformas no han dado el resultado que se esperaba. Se dice que en política el que no avanza retrocede; si los procesos electorales terminan dirimiéndose en un tribunal y no en las urnas, hemos retrocedido. Más vale poner atención a este tema ya que la elección de 2018 se prevé muy cerrada y el país no está para aguantar un proceso similar al de 2006.