Once normalistas presos en máxima seguridad en Michoacán por delitos políticos

Movilización de padres normalistas detenidos en diciembre de 2015, Morelia, Michoacán. Foto: Agus Ruíz
Otros 28 con medidas cautelares que les prohíben manifestarse

41 estudiantes fueron detenidos por la Policía Federal y estatal de Michoacán en tres operativos distintos, todos realizados el lunes 15 de agosto. 39 de ellos fueron consignados frente a la juez de control número 1 de la Ciudad de Morelia, Amalia Herrera Arroyo.

Ocho de los detenidos en la caseta de Ecuandureo mientras hacían boteo y recababan fondos para actividades de propaganda fueron enviados al penal de máxima seguridad Mil Cumbres, del estado de Michoacán porque se les negó la posibilidad de pagar fianza y seguir el proceso en libertad, como a las otros 28 estudiantes detenidos ese día y también procesados. A estos les asignaron medidas cautelares, que deben cumplir firmando en una unidad de medidas cautelares cada 15 días y se les prohibió estar cerca de cualquier tipo de manifestaciones. Además de cobrarles dos mil pesos a cada uno por la fianza.

A los normalistas de Ecuandureo se los acusa de robo gravemente calificado así como de obstrucción a las vías de comunicación. A las 3 de la mañana de este jueves 18 fueron liberados los 28. No se tiene información clara de cuál fue el criterio utilizado para distinguir la pena a unos u otros estudiantes, pero el abogado de la sección 18 de la CNTE de Michoacán, Víctor Manuel Alvarado Villegas indicó que siete son estudiantes de la Normal Rural de Tiripetío y uno del Centro de Actualización del Magisterio (CAM).

Hace menos de diez días, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Arcadio Méndez Hurtado pidiera públicamente al presidente de la República el cierre de las normales rurales, por considerar que son semilleros de personas que atentan contra los intereses de su gremio.

Otros tres estudiantes detenidos el lunes saliendo de las instalaciones de la Normal Superior de Morelia, también fueron enviados al penal de Mil Cumbres, en la tarde de este miércoles 17 de agosto. A ellos se los acusa del delito de ataques a las vías d comunicación y uso de explosivos.

Durante las horas que estuvieron recluidos en la Procuraduría de Justicia de Morelia, estos jóvenes denunciaron que en la detención les habían mojado las manos y la ropa con combustible. El abogado apunta que no hay sustento para la acusación, ya que la gasolina no es un explosivo.

La justicia necesita de delitos graves para poder enviar a los estudiantes a prisiones de máxima seguridad. Uso de explosivos es en este caso, y en el de los de la caseta es robo gravemente calificado. La justicia acusó a 36 estudiantes de haberse robado una patrulla de la policía estatal de La Piedad con 9 palos y machetes como armas. Ahora, bajó la acusación a los 8 estudiantes de la normal rural que participaron de la acción.

El abogado apunta que es común que el empresariado local ataque a los estudiantes, particularmente a quienes asisten a la Normal Rural de Tiripetío. El pedido de cierre de las escuelas sin tapujos no es más que la transparencia del poder del lobby empresarial con el mundo político. El Procurador de Justicia del Estado José Martín Godoy Castro, también puso el dedo sobre los detenidos, manifestando públicamente que se trata de los "líderes" del movimiento. 

Sirva el apunte que los otros dos estudiantes detenidos el lunes, a los que no se los pudo vincular con nada, eran de la normal rural y apenas estaban bajando del autobús para reincorporarse al ciclo escolar cuando los paró la policía.

Por si no lo había notado, así es cómo funciona el mecanismo para criminalizar la protesta.